Querella por falso testimonio presentada por Jamal Zougam principal acusado por la masacre del 11 M – Atentado de falsa bandera.

Dos rumanas montaron sus versiones contra Zougan principal condenado por 11M para conseguir papeles e indemnizaciones. Jamal Zougan y su madre presentan querella criminal contra ambas.

casajuntoalrio

 

El contenido íntegro de la querella es el que sigue: 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE POR TURNO CORRESPONDA


Doña XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representación de don JAMAL ZOUGAM, mayor de edad, con NIE X xxxxxx y de doña AICHA ACHAB BEN MOKHTAR, mayor de edad, con nacionalidad española y  D.N.I. nº XXXXXXX, según se acredita con las Escrituras de Poder Especial para Pleitos que acompaño respectivamente como DOC. Nº 1 y DOC. Nº 2, cuyo desglose y devolución intereso previa constancia de las mismas en las presentes actuaciones, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito formulo QUERELLA CRIMINAL, ejerciendo en nombre de JAMAL ZOUGAM la ACUSACIÓN PARTICULAR conforme a los artículos 110 y 270 de la Lecrim. y en nombre de AICHA ACHAB BEN MOKHTAR la ACUSACION POPULAR al amparo de lo establecido en los arts. 101 y 270 Lecrim. contra las querelladas que a continuación se identificarán debidamente y el resto de personas que la instrucción determine como presuntos autores de, al menos, un delito de falso testimonio del art. 458 CP.

Si bien, por principio de economía procesal y conforme a lo establecido en los arts. 113 y 300 Lecrim., se presenta un único escrito de Querella y bajo la misma representación procesal, comparecen y se personan dos partes procesales distintas e independientes, el Sr. ZOUGAM como Acusación Particular y la Sra. ACHAB BEN MOKHTAR como Acusación Popular bajo la dirección letrada de don Eduardo García Peña (colegiado 45.431) y don Francisco Andújar Ramírez (colegiado 50.736) respectivamente.

De conformidad con lo dispuesto en los preceptos mencionados en relación con el art. 277 Lecrim., se expone a continuación lo siguiente:

 

I.- NOMBRE Y VECINDAD DE LA QUERELLANTE

Es querellante y parte procesal, como Acusación Particular, JAMAL ZOUGAM, mayor de edad, con NIE X XXXXXXX y actualmente interno en el centro penitenciario de Villena (Alicante).

Es igualmente querellante y parte procesal, como Acusación Popular, AICHA ACHAB BEN MOKHTAR, mayor de edad, con nacionalidad  española, D.N.I. nº XXXXXXXX y domicilio en la calle XXXXXXXXXxxxx.

II.-NOMBRE Y VECINDAD DE LAS QUERELLADAS

Son querelladas las personas físicas cuyos datos de filiación, documentación y vecindad se consignan en sobre cerrado y lacrado que se acompaña como DOC. Nº 3 a fin de que sea abierto tan solo cuando el presente escrito, tras ser presentado en el registro general y pasar por Decanato para el correspondiente reparto, sea recibido por el Juzgado competente que por turno corresponda y, a partir de ese instante, sean secretas las diligencias excepto para las partes personadas conforme establece el art. 301 Lecrim.

Lo anterior obedece a que en su día a las hora querelladas se les otorgó la condición de testigos protegidos – al amparo de lo establecido en la L.O. 19/94 de 23 de diciembre – en el sumario 20/2004 seguido ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional por el atentado del 11 de marzo 2004 en Madrid. En el mencionado procedimiento las querelladas ostentaron en todo momento la identificación siguiente:

TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-J 70

 

TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-C 65

III.- JUZGADO COMPETENTE

Es competente el Juzgado de Instrucción de esta ciudad porque aquí se ha iniciado, ejecutado y consumado la actividad correspondiente al delito de falso testimonio por el que se formula la presente Querella (art. 14 de la Lecrim.).

IV.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

PRIMERO- La Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el Rollo 5/05, procedente del Sumario 20/04 del Juzgado Central de Instrucción nº 6, dictó la Sentencia nº 65/2007 de fecha 31 de Octubre de 2007 aclarada mediante Autos de 2 Noviembre de 2007 y 22 Noviembre de 2007 respectivamente, por la que establecía, entre otros pronunciamientos, lo siguiente:

  “2. DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a JAMAL ZOUGAM como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, ciento noventa y un delitos de homicidio terrorista consumados en concurso ideal con dos delitos de aborto, mil ochocientos cincuenta y seis  delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, cuatro delitos de estragos terroristas, sin la concurrencia  de circunstancias modificativas  de la responsabilidad criminal a las penas de DOCE AÑOS DE PRISION por pertenencia a banda armada e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de catorce años, TREINTA AÑOS DE PRISION por cada delito de homicidio terrorista consumado, VEINTE AÑOS DE PRISION MENOS UN DIA  por cada delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa y QUINCE AÑOS DE PRISION por cada uno de los cuatro delitos de estragos terroristas e inhabilitación absoluta por un tiempo superior en 10 años al de duración de las penas privativas de libertad y la prohibición del derecho de acudir al lugar de residencia de las víctimas y de comisión del delito por tiempo de diez años; absolviéndole de los demás delitos de que venía acusado.”

Tras el correspondiente Recurso de Casación, la Exma. Sala 2ª del Tribunal Supremo dictó la Sentencia 503/08 de 17 de julio de 2008 (rec. 10012/08P) por la que, entre otros pronunciamientos, se desestimaba el recurso formulado por el ahora querellante JAMAL ZOUGAM, confirmando así, en lo que a él se refiere, íntegramente la sentencia dictada en la instancia que devino firme. Se acompaña como DOC. Nº 4 copia del recurso de casación formulado entonces por la representación procesal de JAMAL ZOUGAM.

En el apartado 1.1 de los Hechos Probados de la referida sentencia dictada por la Audiencia Nacional se establece:

En total fueron colocadas trece mochilas o bolsas cargadas con explosivos temporizados para que explosionaran simultáneamente. Diez de ellas entre las 7:37 y las 7:40 horas del 11 de marzo de 2004. Ocho cargas explosivas fueron colocadas en los vagones que, según el sentido de marcha, ocupaban el primer, cuarto, quinto y sexto lugar de los trenes número 21431 y 17305, con salida en Alcalá de Henares a las 7:01 h y 7:04 h, respectivamente. Todas, salvo la del vagón número uno del primer tren, explosionaron. Tres en la estación de Atocha de Madrid, a las 7:37 y 7:38 horas, dos mientras estaba el tren 21431 parado en el andén dos y las otras cuatro a las 7:39 h. estando el tren 17305 circulaba a la altura de la calle Téllez, también de Madrid.

Otras cuatro bolsas o mochilas con explosivos fueron colocadas en el tren 21435 con salida de Alcalá a las 7:10 h, único convoy compuesto por vagones de dos plantas. Dos, puestas en el piso superior de los vagones cuatro y cinco, explosionaron a las 7:38 h. en la estación de El Pozo. Las otras dos, dejadas en los pisos inferiores de los vagones segundo y tercero, no llegaron a explosionar, siendo una neutralizada en la estación y la otra desactivada en el parque Azorín de Vallecas por los especialistas de explosivos de la policía.

 El último artilugio explosivo fue colocado por JAMAL ZOUGAM en el cuarto vagón del tren número 21713, que salía de Alcalá a las 7:14 horas y explosionó a las 7:38 horas cuando el tren estaba parado en el andén de la vía 1 de la estación de Santa Eugenia.

A consecuencia de las explosiones fallecieron ciento noventa y una personas: Treinta y cuatro en la estación de Atocha, sesenta y tres en la calle Téllez, sesenta y cinco en la estación de El Pozo, catorce en la estación de Santa Eugenia y quince en distintos hospitales de Madrid. Además, resultaron heridas 1857 personas y se produjeron importantes daños materiales que no han sido tasados en su totalidad.”

En el Fundamento Jurídico IV.1.1  de la reiterada sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en relación a JAMAL ZOUGAM se afirma lo siguiente:

La principal prueba de cargo contra Jamal ZOUGAM está constituida por la identificación que de él hacen, sin fisuras y sin ningún género de duda, tres viajeros del tren número 21713, que salió de Alcalá a las 7:14 horas y explosionó a las 7:38 horas cuando estaba parado en el andén de la vía 1 de la estación de Santa Eugenia. Se trata de los testigos protegidos J-70, C-65 y R-10.

Los dos primeros comparecieron en la vista oral, mientras que del tercero, residente en el extranjero, se dio lectura a sus declaraciones y al reconocimiento en rueda que efectuó en fase de instrucción a instancias del Ministerio Fiscal, que invocó el artículo

730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El testigo R-10, declaró ante la policía el 16 de marzo de 2004, sólo cinco días después de los atentados, y reconoció fotográficamente al procesado -f. 1656 y ss.-. En el Juzgado dijo que no había visto en los medios de comunicación la imagen de Jamal ZOUGAM antes del reconocimiento y lo vuelve a identificar, ahora en rueda, según consta al folio 3521, el día 26 de marzo de 2004.

Por si quedara alguna duda sobre la firmeza del testigo, se practica otra nuevo reconocimiento en rueda casi dos años después, el 8 de marzo de 2006. En ella, formada íntegramente por personas de raza árabe y en la que se incluyó a Abdelmajid BOUCHAR, el testigo, con igual firmeza sigue identificando a Jamal ZOUGAM como la persona que se subió al tren en la estación de Torrejón de Ardoz  llevando una mochila negra en la mano que colocó en el suelo -acta de reconocimiento al folio 79034-.

En el mismo sentido, las testigos protegido C-65 y J-70, amigas que van juntas en el mismo tren que el testigo anterior -al que no conocen- reconocen sin duda alguna al procesado.

La primera, la C-65, lo identifica fotográficamente en la policía y en el Juzgado -ff. 6103 y 13130- así como posteriormente en dos ruedas de reconocimiento los días 19 de abril de 2005 y 8 de marzo de 2006, cuyas actas están unidas a los folios 46050 y 79032. En la segunda de estas ruedas está el también procesado Abdelmajid BOUCHAR.

La segunda testigo protegido J-70, lo identifica el 12 de abril de 2005 fotográficamente en el Juzgado -f. 44058- y en rueda en dos ocasiones, los días 19 de abril de 2005 y 8 de marzo de 2006, en iguales circunstancias que la testigo anterior -ff. 46049 y 79033-.

Ambas comparecieron en la vista oral el día 13 de marzo de forma consecutiva y sin posibilidad de comunicación entre el testimonio de una y el de otra. Y, ambas, con una firmeza y seguridad encomiables, a pesar de duro interrogatorio al que fueron sometidas, volvieron a reconocer al procesado tras exhibírseles el folio 44068.

El procesado niega que esa mañana estuviera en tren alguno.”

Es objetivamente falso que, como afirma erróneamente la sentencia de la Audiencia Nacional, se diese lectura en el acto de la vista – por la vía del art. 730 Lecrim. – a las diligencias de rueda de reconocimiento efectuadas por el testigo protegido R-10 que no compareció en el Plenario. Por el contrario, únicamente se procedió a la lectura de la declaración y reconocimiento fotográfico del referido testigo en sede policial (f.1654 y ss del sumario) pero no se dio lectura – ni tan siquiera se solicitó por ninguna de las partes – de las diligencias de reconocimiento obrantes a los folios 3.511 y 79.034, tal y como consta en el acta del juicio oral correspondiente a la sesión del 23 de mayo de 2007 (acta grabada. Vídeo 241 – Marca 406). (En adelante, todos los folios citados se referirán al sumario 20/2004 del Juzgado Central de Instrucción nº 6). Por ello, entre otros motivos, la sentencia del Tribunal Supremo afirmaba en relación al testigo R 10:

“Sin embargo, aún dando por cierto lo que el recurrente manifiesta en su recurso, lo cierto es que la declaración de este testigo no vendría a ser necesaria, pues resulta redundante en relación con un hecho que ya estaría suficientemente acreditado sin necesidad de acudir a su declaración. Tal hecho es la presencia en el tren del recurrente, acreditada suficientemente por la declaración de dos testigos directos (C65 y J 70), cuya versión considera verosímil el Tribunal de instancia, valoración probatoria que no se puede considerar ilógica o arbitraria. Por lo tanto, en realidad, la declaración de este testigo (R 10) es irrelevante en orden al sentido final de la valoración de la prueba.”

 

En definitiva, la condena a JAMAL ZOUGAM como único autor material y directo de 191 delitos de homicidio terrorista consumados y 1.856 en grado de tentativa así como 2 de aborto, 4 de estragos y pertenencia a banda armada, se sustenta – como principal prueba de cargo  – tan solo en las declaraciones efectuadas por las ahora querelladas C 65 y J 70.

La totalidad de las penas privativas de libertad impuestas al ahora querellante en  Sentencia asciende a 42.917 años de prisión. JAMAL ZOUGAM lleva privado de libertad, actualmente en el centro penitenciario de Villena y clasificado en primer grado penitenciario (en régimen cerrado y de aislamiento), desde el 13 de marzo de 2004.

SEGUNDO- A lo largo de las distintas fases del proceso seguido por el atentado 11 M, las entonces testigos C 65 y J 70 participaron en las siguientes diligencias policiales y judiciales:

C 65:

Declaración ante la policía en la Unidad Central de Información Exterior (U.C.I.E.) el 1 de abril 2004 (f. 6.102 y ss)

Declaración ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 el 20 de mayo de 2004 (f. 13129 y ss)

Rueda de reconocimiento ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 el 19 de abril de 2005 (f. 46.050 y ss)

Rueda de reconocimiento ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 el 8 de marzo de 2006 (f. 79.032)

Declaración en la vista oral el 13 de marzo de 2007 (acta grabada. Video 83 – Marca 155).

J 70:

Declaración ante Oficina de Ayuda a las Víctimas el 7 de febrero de 2005 (f. 44.109 y ss)

Declaración ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 el 12 de abril de 2005 (f. 44.058 y ss)

Rueda de reconocimiento ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 el 19 de abril de 2005 (f. 46.049).

Rueda de reconocimiento ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 el 8 de marzo de 2006 (f. 79.033).

Declaración en la vista oral el 13 de marzo de 2007 (acta grabada. Vídeo 83 – Marca 156).

En síntesis, las dos querelladas, C 65 y J 70, declararon en el reiterado proceso que viajaban el 11 de marzo de 2004 en el tren nº 21713 que salió de la estación de Alcalá de Henares a las 7:14 horas y explosionó a las 7:38 horas cuando estaba parado en el andén de la vía 1 de la estación  de Santa Eugenia y que habían visto y reconocido a JAMAL ZOUGAM en el interior del citado tren. Ambas mintieron.

C 65 y J 70 para, al menos y entre otros motivos, obtener un beneficio económico, permisos de residencia y trabajo y en última instancia la nacionalidad española, faltaron a la verdad en sus declaraciones afirmando, conscientes de la falsedad, que habían viajado juntas en el tren 21.713 y que habían visto a JAMAL ZOUGAM. Todo  ello en la creencia de que esto les facilitaría, como de hecho así fue, obtener la condición de víctimas y acceder a las posteriores indemnizaciones y beneficios administrativos.

TERCERO- La querellada J 70, en marzo 2004, era inmigrante ilegal en nuestro país. De nacionalidad rumana, residía en Alcalá de Henares careciendo de permiso de residencia y trabajo así como de ingresos económicos de cualquier tipo. Tenía una hija adolescente en Rumanía que deseaba traer a España pero no cumplía los requisitos exigibles para que se le autorizase una eventual reagrupación familiar.

En ese contexto y tras el atentado del 11 de marzo 2004 protagonizó el siguiente periplo:

El 17 de marzo 2004 acudió a la Comisaría General de Extranjería para solicitar la concesión de un permiso provisional de residencia y trabajo, alegando – a tal fin – ser víctima de los atentados y viajar en el tren que explosionó en la estación de Santa Eugenia. No mencionó que viajaba en el referido tren acompañada de ninguna amiga ni que hubiese visto y reconocido a uno de los posibles terroristas. La Delegación del Gobierno en Madrid le concedió, el 20 de marzo 2004, el permiso provisional de “residencia por circunstancias excepcionales con autorización para trabajar” (EXP 145.102), con validez hasta el 17 de marzo de 2005, pero condicionado a que superase el examen – a tal efecto – de los técnicos del Ministerio de Interior que debían validar que efectivamente viajaba en uno de los trenes.

El 20 de julio 2004 entregó una solicitud de “resarcimiento por lesiones corporales derivadas del atentado de Madrid de 11 de marzo 2004” en la Dirección General de la Policía, dirigida a la Subdirección Gral. de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo (Ministerio del interior) a fin de obtener la correspondiente indemnización como víctima. En la exposición de hechos y alegaciones formuladas, tampoco mencionó que viajaba en el referido tren acompañada de ninguna amiga ni que hubiese visto y reconocido a uno de los posibles terroristas.

El  28 de julio 2004 presentó ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 escrito solicitando su personación como víctima y perjudicada en el sumario incoado como consecuencia del atentado (f. 38.308). Tampoco mencionó que viajaba en el referido tren acompañada de ninguna amiga, ni que hubiese visto y reconocido a uno de los posibles terroristas. Su intento de personación fue rechazado por el Juzgado mediante providencia de 28 de febrero 2005 (f. 38.354 y 38.355) ya que, entre otros motivos, debía “acompañar partes médicos y cualquier otro documento que pueda acreditar – lo cual no hacía con su escrito – su condición de perjudicado o víctima de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid”. Ese intento de personación como víctimas lo hicieron en bloque y en la misma fecha, aunque en diferentes escritos (f. 38.300 a 38.338), otros 36 ciudadanos rumanos, todos ellos residentes en Alcalá de Henares y todos del entorno más directo de la otra querellada C 65 quien, a su vez y junto a R 10 también formalizó su solicitud de personación como víctima. La mencionada providencia rechazó igualmente la personación de estos otros 36 ciudadanos rumanos no sin advertirles en la resolución que:

 

En relación con las personas que intenten personarse en el presente procedimiento alegando la condición de perjudicados y de manera indubitada no conste su relación con los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, quedarán en suspenso los escritos que se presentes iniciándose las diligencias de averiguación correspondientes y, con su resultado final se resolverá sobre su personación, actuando con arreglo a derecho contra las personas que simulen tal condición de perjudicado o víctima”.

 

Entre los meses de julio y agosto 2004 fue examinada por un equipo de médicos, psicólogos y asistentes sociales que evaluaban para el Ministerio del Interior a las posibles víctimas a fin de determinar cuales lo eran en realidad y quienes debían ser descartados y excluidos a efectos de una eventual indemnización y demás beneficios administrativos. Tampoco mencionó que viajaba en el referido tren acompañada de ninguna amiga ni que hubiese visto y reconocido a uno de los posibles terroristas.

El 30 de septiembre 2004 el Equipo de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social emite un dictamen evaluador por el cual le deniegan la condición de víctima que viajase en los trenes, no otorgándole crédito a sus manifestaciones ni a la realidad de sus supuestas lesiones:

“ … no se acredita el necesario nexo causal entre las lesiones alegadas y el atentado terrorista del día 11 de marzo del año en curso. Tampoco procede la aplicación de las previsiones de la Ley 32/1999 de 8 de octubre”

El 27 de octubre de 2004 el Jefe de la Unidad Instructora de la Subdirección General de Atención al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo (Secretaría Gral. Técnica del Ministerio de Interior) dicta la resolución administrativa de esa fecha, en el Expediente 1.303/2004 y 3947 (acumulados), con la denominación “Asunto: Indemnizaciones al amparo de la Legislación que regula los resarcimientos por daños corporales a víctimas de bandas armadas y elementos terroristas”, por la que, otorgando 15 días para efectuar alegaciones y en relación a su solicitud de indemnización como víctima del atentado, , le comunica que:

propone la desestimación de su solicitud

En noviembre 2004 comparece ante la Oficina de Apoyo a las Víctimas formulando alegaciones, ante la propuesta de desestimación de su reconocimiento como víctima, reiterando la misma versión ofrecida hasta ese momento y acompañando una fotografía de la estación de Santa Eugenia el día del atentado en la que aparece junto a otras personas. Tampoco mencionó que viajaba en el referido tren acompañada de ninguna amiga ni que hubiese visto y reconocido a uno de los posibles terroristas.

El 24 de enero 2005 la Subsecretaría del Interior (Atención al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo), en el citado Expediente G/1303/2004 y S/3.947, dicta resolución administrativa por la cual le deniegan la condición de víctima, no otorgándole crédito a sus manifestaciones y desestima su solicitud de indemnización ya que:

“ … no se acredita el necesario nexo causal entre las lesiones alegadas, a saber, traumatismo torácico y trastorno por estrés agudo que, por otro lado, han sido resueltas sin dejar secuelas y el atentado terrorista perpetrado el 11 de marzo de 2004”.

En definitiva y tras sus reiteradas solicitudes y comparecencias (cinco), sin mencionar en ningún momento que viajaba en el tren en compañía de una amiga (C 65) ni que había visto y reconocido a uno de los posibles terroristas, la Administración no la cree y le deniega su solicitud perdiendo así la opción de obtener una indemnización, regularizar su residencia y trabajo en nuestro país y proceder a la reagrupación familiar de su hija menor de edad y entonces residente todavía en Rumanía.

Es en ese momento cuando, habiendo sido rechazada como víctima en la vía administrativa y habiendo perdido toda opción de obtener beneficio alguno por tal motivo, decide – de común acuerdo con su amiga C 65 que ya había declarado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 un año antes y obtenido la condición de víctima del atentado (en las circunstancias que más adelante se expondrán) – acudir a la “Asociación 11 M Afectados por el Terrorismo” a fin de solicitar ayuda. Para ello decidieron ambas, C 65 y J 70, que ésta última acomodaría su versión de los hechos a lo ya manifestado anteriormente por la citada C 65 y afirmaría, aún no siendo cierto, que había visto y reconocido en el interior del tren a JAMAL ZOUGAM.

A finales de enero 2005 acude acompañada por su amiga C 65 a la “Asociación 11 M Afectados por el Terrorismo” y mantiene allí diversas reuniones, recibiendo asesoramiento jurídico y asistencia psicológica. J 70 se confabula con C 65 a fin de contar exactamente la misma versión que ésta última había declarado ante la policía y el Juzgado un año antes con éxito – también faltando conscientemente a la verdad – e intentar lograr así, una vez que la Administración la había rechazado (a J 70), obtener la condición de víctima.

El 7 de febrero 2005, once meses después del atentado y habiendo comparecido en cuatro ocasiones anteriores ante la Administración y una ante el propio Juzgado Central de Instrucción nº 6 sin mencionar absolutamente nada, se persona en la Unidad de Apoyo “perjudicados sumario 20/04 – 11-M” (oficina de Ayuda a las Víctimas sita en la calle Marqués del Duero de Madrid). En esta comparecencia, por primera vez, modifica la versión dada hasta ese momento a lo largo de todo el año anterior y, ocultando que le ha sido denegada la reclamación ante la Subdirección de Asistencia a Víctimas de Terrorismo (menciona solo que tiene expediente abierto) afirma (f. 44.109 a 44.111) que viajaba en el tren con su amiga C 65, que tuvieron un incidente con una persona que llevaba una mochila y que sería capaz de reconocerla.

Tras lo anterior consigue su objetivo,. Es citada por el Juzgado de Instrucción que conoce el asunto y presta declaración el 12 de abril de 2005 reconociendo fotográficamente (f. 44.058) a JAMAL ZOUGAM y en rueda de reconocimiento el 19 de abril 2005 y el 8 de marzo 2006 (f. 46.049 y 79.033). Posteriormente en la sesión de la vista oral correspondiente al día 13 de marzo de 2007 (acta grabada. Vídeo 83 – Marca 156), vuelve a ratificar el reconocimiento de JAMAL ZOUGAM reiterando que viajaba en el mencionado tren con su amiga C 65.

Aún admitiendo que efectivamente viajase en el tren, lo cual en este momento no se niega sin perjuicio de lo que resulte de la investigación, lo cierto es que mintió cuando afirmó, tanto en fase de instrucción como en el plenario, que había visto a JAMAL ZOUGAM. Dada la relevancia que sabía que podría tener su testimonio y el resultado positivo que había tenido para su amiga C 65, mintió al menos para obtener la condición de víctima y los consiguientes beneficios e indemnizaciones que la Administración le había denegado a lo largo de todo un año. Mintió conscientemente y mintió confabulada con C 65, sin que pueda en este momento descartarse que fuese inducida, dirigida y/o ayudada a tal efecto por otras terceras personas.

Como consecuencia de su mentira JAMAL ZOUGAM fue condenado a 42.917 años de prisión y J 70 obtuvo el permiso de residencia y trabajo, la reagrupación familiar en nuestro país con su hija menor de edad que residía en Rumanía, 3.900 € del Consorcio de Compensación de Seguros y 48.000 € como indemnización en la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional en la que únicamente consta que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 60 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 20 días. Días impeditivos parciales: 40 días. Alcanzando la sanidad o estabilización sin secuelas.”

CUARTO- La querellada C 65 por su parte, en marzo 2004, era inmigrante ilegal en nuestro país. Con nacionalidad rumana, residía en Alcalá de Henares careciendo de permiso de residencia y trabajo así como de ingresos económicos de cualquier tipo. Ostentaba C 65, por distintos motivos, una posición de ascendencia y cierto liderazgo en la comunidad de inmigrantes rumanos en la citada localidad de Alcalá de Henares.

En ese contexto, C 65 desplegó toda una estrategia a fin de que – además de ella misma – varias personas de su entorno más próximo se hiciesen pasar, falseando la realidad, por víctimas del atentado y acceder así a las indemnizaciones y demás beneficios administrativos, especialmente la concesión de permiso de residencia, trabajo y en última instancia la concesión de la nacionalidad española.

El 1 de abril de 2004 acude al Consulado de Rumanía en Madrid acompañada de una amiga también rumana a fin de informarse y solicitar las ayudas e indemnizaciones que Rumanía concedía a sus nacionales que hubiesen sido víctimas del atentado. Se entrevista con el entonces Cónsul en Madrid (ahora en Sevilla), don Nicu Stan, y refiere:

-Que viajaba en el tren nº 21713 que explosionó en la estación de Santa Eugenia.

– Que viajaba en el mismo vagón con su amiga que le acompaña y está presente en el Consulado en ese momento con ella.

– Que  sospechan de una persona que ambas vieron en el tren con una mochila y que podrían reconocer.

Su amiga rumana corrobora y confirma la misma versión ante el citado Cónsul quien, dada la eventual relevancia de las manifestaciones, se pone en contacto con la policía que acuerda tomarles declaración ese mismo día.

La amiga rumana que acompañó a C 65 aquel día al Consulado y se manifestó en los términos expuestos, no es J 70 sino otra persona distinta de nombre Florentina. De esta supuesta víctima, que según  C 65 era la única que  le acompañaba en el tren y vio también al sospechoso, nunca más se supo. No aparece en el sumario ni fue considerada víctima del atentado. Una vez que C 65 declaró ante la policía, ese mismo día 1 de abril 2004 (f. 6.102 a 6.104) y posteriormente ante el Juzgado el 20 de mayo de 2004 (f. 13.129 y 13.130) nunca volvió a mencionar que viajase acompañada ni por la amiga rumana que aseguró que lo hacía ante la autoridad consular ni, en aquel momento tampoco por J 70. No es sino hasta que un año después, cuando J 70 solicita su ayuda ante la denegación de las indemnizaciones que había interesado, cuando, ambas de común acuerdo, deciden declarar – faltando a la verdad – que viajaban juntas en el tren. La querellada C 65 lo afirma por primera vez en el juicio en la sesión correspondiente al día 13 de marzo 2007 (acta grabada. Vídeo 83 –Marca 155).

No se niega que C 65 estuviese en el tren pero, en tal caso, viajaba sola y, al igual que lo haría J 70 un año después, mintió al identificar y reconocer a JAMAL ZOUGAM como la persona que vio en el tren portando una mochila (ruedas de reconocimiento de 19 de abril 2005 y 8 de marzo 2006 (f. 46.050 y 79.032). Mintió conscientemente y lo hizo con la intención, al menos, de asegurarse lo más posible que fuese aceptada como víctima y acceder a las indemnizaciones y demás beneficios administrativos.

Como consecuencia de su mentira JAMAL ZOUGAM fue condenado a 42.917 años de prisión y C 65 obtuvo la nacionalidad española y 53.800 € como indemnización en la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional en la que únicamente consta que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 46 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 46 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con la siguiente secuela: Hipoacusia izquierda.”

 

QUINTO- Como parte de la estrategia diseñada por C 65 para conseguir que un importante número de ciudadanos rumanos de su entorno más próximo aparentasen falsamente ser víctimas del atentado y accediesen así a las reiteradas indemnizaciones y beneficios administrativos, convenció e indujo a su propio hermano DANIEL XXXX a manifestar, aún no siendo cierto, que igualmente viajaba en los trenes. Así lo hizo éste y así consta en la Pieza Separada de Perjudicados del reiterado sumario 20/04. Tras ser reconocido por los médicos forenses y analizar en detalle sus manifestaciones asegurando que viajaba en el tren 21.431 que explosionó en el andén nº 2 de la estación de Atocha, no le creyeron y a solicitud del Ministerio Fiscal (f. 64.329 a 64.331) fue expulsado del procedimiento y denegada su condición de víctima mediante providencia de fecha 19 de septiembre de 2005 (64.332 y 64.333) ya que “no guarda relación con la causa que investiga los atentados del 11 de marzo 2004”.

También C 65 promovió que su marido IOAN XXXXXXXXXX intentase obtener la condición de víctima del atentado. Este manifestó que aunque, tanto él como su esposa C 65 vivían juntos y salían al mismo tiempo para coger el tren de Alcalá de Henares a la estación de Atocha, el 11 de marzo 2004 cogieron trenes distintos, con diez minutos de diferencia entre la salida de uno y otro. El Sr. LUCA XXXXX, en lugar de viajar en el tren con su mujer C 65, aseguró que viajaba en el tren 21.431 con el ya mencionado hermano de ésta Sr. XXXX (al que no creyó el Instructor del sumario y apartó del procedimiento).

El marido de C 65 obtuvo una indemnización de 33.600 € en la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional en la que únicamente consta que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 20 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 20 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización sin secuelas”

SEXTO- Habiendo mentido C 65 y J 70 en lo sustancial y referente a la identificación de JAMAL ZOUGAM como el terrorista que viajaba en el tren que explosionó en Santa Eugenia, no es preciso – en aras a evitar reiteraciones innecesarias – analizar en este relato de hechos detalladamente las innumerables contradicciones y falsedades contenidas en todas sus declaraciones en dependencias policiales y ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6. En este sentido y como parte final de la relación de hechos de la Querella, nos remitimos íntegramente a los apartados V.1 y V.2, que se dan aquí por reproducidos, del recurso de casación que se acompaña como DOC. Nº 4 de este escrito.

A pesar de haberse concertado y confabulado ambas para declarar en lo sustancial la misma mentira, existen evidentes contradicciones en sus respectivas manifestaciones ya que el acuerdo entre las dos surge con posterioridad a las primeras declaraciones de J 70 que, por ese motivo, si bien ya falta en aquel momento a la verdad afirmando que identifica y reconoce a JAMAL ZOUGAM, lo cierto es que no menciona que viajaba en el tren con su amiga J 70, dato éste que necesariamente tuvieron que añadir cuando, un año después, esta última decide adherirse a la versión de C65 para obtener las indemnizaciones y beneficios ya reiterados.

Por lo demás, es preciso resaltar que todos los datos objeto del presente relato de hechos son absolutamente novedosos, no constaban en el sumario 20/04 ni fueron puestos de manifiesto – directa o indirectamente – en la vista oral por el atentado del 11 de marzo 2004. Los datos referidos fueron, por negligencia o deliberadamente, ocultados a la Defensa de JAMAL ZOUGAM durante el proceso y han sido publicados por el periódico El Mundo los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2011.

V. CALIFICACION JURIDICA

Los hechos narrados serían constitutivos, al menos, de un delito de falso testimonio del art. 458 CP.

Tal y como establece la STS 6 marzo 2006, el mencionado delito se comete cuando una persona llamada a prestarlo en causa judicial se aparta sustancialmente de la verdad tal como ésta se le representa, es decir, miente en lo que sabe y se le pregunta. Decir la verdad es un deber moral sin cuyo cumplimiento la vida social, basada en la confianza mutua, se hace harto difícil. No siempre, sin embargo, la mentira -acto inmoral- recibe una respuesta punitiva porque en una sociedad plural y libre sólo un reducido núcleo de la moral debe estar respaldado por la coacción penal, siendo éste seguramente uno de los más certeros indicadores del grado de libertad garantizado en cada grupo social a sus miembros.

La reacción penal frente a la mentira sólo es admisible -y obligada- cuando ésta lesiona concretos bienes jurídicos, individuales o colectivos, cuya salvaguarda es indispensable para una sana y pacífica convivencia. Así, por ejemplo, faltar a la verdad en la declaración que se presta como testigo en un procedimiento judicial es delito porque el testimonio es uno de los medios de prueba sobre los que se puede basar la convicción del juzgador sobre los hechos que han de constituir la premisa menor del silogismo judicial. Existe, pues, la posibilidad de que un testimonio falso, si induce a error al juez o tribunal ante el que se presta y es valorado como verdadero, provoque una resolución injusta, esto es, un pronunciamiento en que no se realice el valor superior de la justicia y se lesione un interés que debe ser protegido por el poder judicial.

Esta es la razón fundamental por la que, en una sociedad democrática, el falso testimonio es tipificado como delito en la Ley penal. De acuerdo con esta “ratio”, el CP 1995 ha prescindido de la casuística tipología que presidía la regulación del falso testimonio en los textos anteriores y distingue únicamente, en su art. 458, dos tipos delictivos según la importancia de los bienes jurídicos que pueden ser vulnerados como consecuencia de una alteración sustancial de la verdad en la declaración prestada por un testigo en causa judicial: el falso testimonio dado en contra del reo en causa criminal por delito -castigado con pena más severa en consideración a las privaciones o restricciones de derechos, incluso fundamentales, que podrían eventualmente derivarse de una condena provocada por la declaración falaz- y cualquier otro falso testimonio dado en causa judicial, que constituye el tipo básico. El tipo agravado, a su vez, figura en el apartado 2 del citado artículo acompañado de un subtipo aún más grave definido por la concurrencia de una condición objetiva de punibilidad: la de que, como consecuencia del testimonio, hubiera recaído sentencia condenatoria (véase la STS 1624/2002, de 21 de octubre).

Para la persecución de este delito, no se exige autorización del Tribunal en el que se prestó la declaración, conforme ya declaró el Tribunal Constitucional en su Sentencia 99/1985, de 30 de septiembre, pues este requisito no está previsto por el legislador. El falso testimonio ha de prestarse en causa judicial, esto es, ante cualquier procedimiento que tenga esta naturaleza; correlativamente no será posible ante órganos de naturaleza administrativa. Es un delito especial y propio, en tanto que solamente pueden cometerlo aquellos que sean testigos en causa judicial, como analizaremos más adelante, y los “extranei” pueden participar mediante un acto de inducción, pero difícilmente mediante cooperación necesaria. No requiere resultado alguno para su consumación, sin perjuicio de que el dictado de una sentencia condenatoria se prevé como una condición objetiva de punibilidad.

En cuanto a la falsedad de las declaraciones, ha de recaer sobre aspectos esenciales a efectos del enjuiciamiento, y no sobre cuestiones intrascendentes, debiendo referirse a hechos y no a opiniones o simples juicios de valor. No se trata de la credibilidad mayor o menor del testigo, sino de que falte sustancialmente a la verdad; dicho de otra manera: que mienta en aquello que le es preguntado. Así, pues, el delito se integra de dos elementos: el subjetivo, constituido por el dolo integrado por la conciencia de la alteración de la verdad (imposible de cometer por imprudencia) y la voluntad de emitir la falsa declaración (lo que habrá de ser puesto en relación con la teoría del error), sin que sea preciso que se abarque la trascendencia que pueda tener en la posterior resolución judicial, a la que la declaración sirve como medio de prueba; y el objetivo, consistente en la falta a la verdad sobre extremos sustanciales o esenciales

VI. DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN en el momento de la presentación de las Querella y sin perjuicio de las que pudieran interesarse con posterioridad y/o acordarse de oficio para impulsar la investigación.

1º) Declaración de las querelladas cuyos datos de filiación, documentación y vecindad figuran en sobre cerrado y lacrado como DOC. Nº 3.

2º) Declaración testifical de las siguientes personas:

– NICU STAN, con domicilio en el Consulado General de Rumanía, calle Nicaragua n1 18 (41.012) en Sevilla.

– DANIEL XXX con domicilio en XXXXXXXXX.

– IOAN XXXX con domicilio en XXXXXX.

3º) Documental consistente en:

– Se libre exhorto a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a fin de que remita.

– Testimonio de la Sentencia 65/2007 de 31 de octubre, dictada en el Rollo de Sala 5/05 y Autos de aclaración de 2 y 22 de noviembre 2007.

– Testimonio de los siguientes folios del Sumario 20/2004: 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 3511, 64329 a 64331, 64332, 64333, 6102 a 6105, 13129 a 13132, 46049, 46050, 44109 a 44111, 44058 a 44068, 46059, , 38308, 38354, 38355, 38300 a 38338, 79032, 79033, 79034.

– Testimonio de la declaración en audio y video de las testigos C 65 y J 70 en las sesiones del juicio oral correspondientes al día 13 de marzo de 2007.

– Testimonio del acta grabada en audio y video de la sesión del juicio oral correspondiente a l día 23 de mayo de 2007.

– Testimonio completo de las Piezas Separadas de Perjudicados de J 70, C 65, DANIELXXXX e IOAN XXX y cuanta documentación obre en el sumario 20/04 referida a los mismos.

– Se libre oficio  a la Delegación del Gobierno en Madrid sita en la calle C/ Miguel Ángel, 25 de 28071 – Madrid a fin de que remitan testimonio del expediente completo nº 145102 de autorización de residencia formulado por J 70 cuyos datos de filiación, documentación y vecindad figuran en sobre cerrado y lacrado como DOC. Nº 3.

– Se libre oficio a la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (antigua Subdirección Gral. de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior) sita en la C/ Amador de los Ríos, 8 de 28010 – Madrid a fin de que remitan testimonio del expediente completo nº 1303/2004 y 3947 (acumulados) instruido como consecuencia de la solicitud de resarcimiento por lesiones corporales derivadas del atentado de 11 de marzo de 2004 en Madrid formulada por la J 70 cuyos datos de filiación, documentación y vecindad figuran en sobre cerrado y lacrado como DOC. Nº 3.

– Se libre oficio al Consulado de Rumanía en Madrid sito en la Avda. Cardenal Herrera Oria, 134 de 28034-MADRID a fin de que remitan testimonio completo de todos los expedientes abiertos con ocasión de reclamaciones de ciudadanos rumanos en relación al atentado de 11 de marzo 2004 así como el registro de visitas correspondiente al día 1 de abril de 2004.

 VI. ADMISIÓN DE LA QUERELLA

De conformidad con lo establecido en los arts. 312 y 313 Lecrim. procede la admisión a trámite de la presente querella ya que los hechos en que se funda, de ser ciertos, serían constitutivos de delito y el Juzgado ante el que se presenta es competente para instruir el sumario.

En virtud de lo anterior,

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que se acompañan, tenga por formulada Querella Criminal y dicte Auto acordando:

1º) La admisión a trámite de la Querella pudiendo ser los hechos ejecutados por la querelladas constitutivos, al menos, de un delito de falso testimonio.

2º) Tener por personado como parte procesal a don JAMAL ZOUGAM, en calidad de ACUSACION PARTICULAR, representado por la procuradora de los tribunales que suscribe y por el letrado don Eduardo García Peña.

3º) Tener por personada como parte procesal a doña AICHA ACHAB BEN MOKHTAR, en calidad de ACUSACION POPULAR, representada por la procuradora de los tribunales que suscribe y por el letrado don Francisco Andujar Ramírez.

4º) La pertinencia de las diligencias de investigación interesadas.

 

OTROSI PRIMERO DIGO: Se solicita que se exima a doña AICHA ACHAB BEN MOKHTAR, como Acusación Popular, de prestar fianza,  ya que no hay riesgo de que haya de responder de las resultas de juicio, por lo que no cumpliendo su finalidad propia ha sido declarada innecesaria por la jurisprudencia (por todas STS 12 de marzo de 1992). En caso de distinto criterio por parte del Juzgado, se interesa que – conforme a lo establecido en los arts. 280 y 761.1 Lecrim. – se fije por la instructora una cantidad que pudiera resultar adecuada al presente caso concreto, teniendo en cuenta que mi mandante es persona física concreta y no una asociación, carece de ingresos económicos, por lo que su cuantía, en relación a los medios de quienes pretenden ejercitarlo, no debe impedir u obstaculizar gravemente su ejercicio, pues ello conduciría en la práctica a la indefensión que prohíbe el art. 24.1 de la Constitución Española (Tribunal Supremo Sala 2ª, A 23-2-2010, rec. 20339/2009; Tribunal Constitucional Sala 1ª, S 11-7-1983, nº 62/1983, BOE 189/1983, de 9 de agosto de 1983, rec. 218/1982 y Tribunal Constitucional Sala 1ª, S 29-11-1984, nº 113/1984, BOE 305/1984, de 21 de diciembre de 1984, rec. 139/1983).

AL JUZGADO SUPLICO: Tenga por efectuada la anterior manifestación y acuerde eximir a doña AICHA ACHAB BEN MOKHTAR de la obligación de prestar fianza o, en su defecto y subsidiariamente, establezca una cantidad no superior a los 300 €.

Es Justicia que pido en Madrid, a 15 de diciembre de 2011.

Vía:

http://comunidades.laopiniondemurcia.es/blogs/carlos_rodriguez_ibanez/querella_por_falso_testimonio_presentada_por_jamal_zougam_principal_acusado_por_la_masacre_del_11_s-2988.html?oauth_comprueba=1&hash_user=dec1696f2d134907095457d12edc9155

1 comentario

  1. Pues hacen bien tanto el querellante como su familiar en presentar querella contra las dos rumanas, por supuesto, no hay derecho a que si este hombre es inocente y le caen tantos años sea por el falso testimonio de dos rumanas interesadas en las indemnizaciones y los papeles por mucho que los necesitaran no se puede hacer tanto daño a una persona por interés particular…¡Ojalá gane la querella, aunque tanta culpa tendrian quienes les indujeron al falso testimonio porque seguro que alguien las prometio todo eso para que juraran en vano contra este hombre ahora en la cárcel!.
    Saludos


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